Un nuevo episodio de tensión entre entidades profesionales y representación sindical habría quedado expuesto a partir de un comunicado difundido por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, donde se advierte sobre una presunta maniobra judicial fallida impulsada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal.
Según se indicó, la institución habría intentado desconocer la afiliación sindical de dos trabajadores, lo que habría derivado en un fallo adverso y la eventual obligación de resarcir a los damnificados.
Desde el gremio señalaron que este tipo de prácticas “se habrían multiplicado” en el último tiempo y apuntaron contra el director del colegio, Claudio Ucchino, a quien acusaron de negarse a abonar aportes sindicales y de desconocer el carácter profesional de los trabajadores de la entidad.
De acuerdo al comunicado, el conflicto habría escalado cuando el directivo decidió avanzar por la vía penal, denunciando por presunta estafa a la conducción sindical en el marco de un expediente judicial. La presentación, patrocinada por un abogado particular, se habría basado en la supuesta inexistencia de afiliación sindical de dos profesionales.
No obstante, siempre según la versión difundida por el sindicato, el avance de la causa habría desestimado esa hipótesis. Pericias caligráficas y documentación incorporada al expediente habrían concluido que ambos trabajadores sí estaban afiliados, lo que respaldaría el reclamo gremial por el pago de las cuotas correspondientes.
En ese contexto, se informó que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional habría confirmado el sobreseimiento de los dirigentes sindicales, al considerar que la denuncia carecía de sustento suficiente.
El fallo, además, habría señalado que los estudios periciales detectaron coincidencias en firmas y escritura, y que también se habría podido acreditar la participación de los trabajadores en actividades sindicales, reforzando la validez de su afiliación.
Desde el SAFYB advirtieron que la situación podría derivar en consecuencias legales para los propios trabajadores involucrados, en caso de comprobarse que sus declaraciones se realizaron bajo presión o en línea con indicaciones de su empleador.
En paralelo, el gremio sostuvo que el colegio profesional podría enfrentar costos económicos derivados de la denuncia, incluyendo eventuales resarcimientos, gastos judiciales y un impacto institucional.
Finalmente, la organización sindical interpretó el episodio como parte de un escenario más amplio de conflictividad, y consideró que el caso reflejaría no solo una disputa laboral, sino también posibles errores en la estrategia jurídica adoptada para canalizar el conflicto.
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