El diputado nacional Juan Fernando Brügge lanzó duras críticas contra el proyecto de Modernización Laboral que esta semana podría obtener sanción definitiva en el Senado y sostuvo que la iniciativa vulnera diversos artículos de la Constitución Nacional. Según planteó, la eventual aprobación abriría un escenario de “creciente litigiosidad” en todo el país.
En una exposición de marcado tono jurídico y doctrinario, el legislador —referente de la Democracia Cristiana e integrante de la Cámara de Diputados de la Nación— afirmó que el proyecto “carece de razonabilidad y constitucionalidad” y enumeró una serie de puntos que, a su entender, colisionan con los artículos 14 bis, 16, 18 y 75 inciso 19 de la Carta Magna.
Los ejes del planteo
El núcleo de su argumentación se apoyó en el artículo 14 bis, vinculado a los derechos del trabajador. Brügge sostuvo que la reforma implica un principio de regresividad al modificar aspectos centrales como salario, indemnizaciones, jornada laboral, licencias y negociación colectiva. En ese marco, cuestionó la posibilidad de habilitar acuerdos individuales por empresa en contextos de desigualdad estructural, lo que —según advirtió— erosionaría la tutela constitucional.
También señaló como problemática la extensión del período de prueba, al considerar que podría transformarse en un mecanismo de rotación permanente que consolide la inestabilidad laboral.
En relación con el régimen de antigüedad y reingreso, el diputado planteó que la redacción propuesta introduce ambigüedades que impactarán en el cálculo indemnizatorio y generarán interpretaciones judiciales contradictorias. “No fortalece la seguridad jurídica, la debilita”, sostuvo.
Ius variandi, fondo laboral y derecho de huelga
Uno de los puntos más críticos de su exposición fue la modificación del ius variandi. Para Brügge, eliminar el criterio de razonabilidad en la facultad del empleador para cambiar condiciones de trabajo implica un retroceso en derechos adquiridos, dejando al trabajador prácticamente limitado al despido indirecto como única vía de defensa.
En cuanto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), advirtió que el sistema de capitalización obligatoria podría afectar el financiamiento del régimen previsional, al redireccionar recursos que actualmente sostienen la seguridad social. A su entender, el mecanismo no eliminaría conflictos sino que los trasladaría al ámbito judicial.
En materia colectiva, cuestionó la eliminación de la ultraactividad automática de los convenios y la ampliación de los servicios esenciales, junto con la obligación de garantizar el 75% de las prestaciones durante medidas de fuerza. Según explicó, estas disposiciones restringirían de manera irrazonable el derecho constitucional de huelga y afectarían el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16.
Plataformas digitales y acceso a la Justicia
Otro de los ejes señalados fue la regulación del trabajo en plataformas digitales. Brügge afirmó que el proyecto evita reconocer la relación laboral y deja a los trabajadores sujetos a contratos de adhesión impuestos por empresas multinacionales, muchas radicadas fuera del país, lo que —según indicó— debilita el principio protectorio.
Asimismo, criticó la incorporación del salario dinámico y el banco de horas por considerar que afectan la previsibilidad de ingresos y la organización familiar.
Finalmente, cuestionó la imposición solidaria de costas al trabajador y su abogado en casos de pluspetición, al advertir que podría convertirse en una barrera de acceso a la justicia, en tensión con el artículo 18 de la Constitución.
En el cierre de su intervención, el legislador remarcó que eliminar la referencia a la justicia social como principio interpretativo desconoce su raíz constitucional en el artículo 75 inciso 19. Con ese marco, dejó asentado su rechazo integral al proyecto y anticipó que, de aprobarse, el debate continuará en los tribunales.
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